La Corte Española de Arbitraje es el organismo encargado de administrar los arbitrajes de carácter interno e internacional que le sean sometidos, en cumplimiento del mandato legal conferido a la Cámara de Comercio de España, antiguo Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

El 15 de mayo de 2010, entra en vigor el Nuevo Reglamento de la Corte Española de Arbitraje, reformado el 15 de marzo de 2011, siendo los principales atractivos del mismo:

Nuevo reglamento de arbitraje

que incorpora las más modernas tendencias en materia arbitral, así como corrige las criticas formuladas a su funcionamiento y al de otras instituciones arbitrales, recogiendo la opinión de los principales operadores del arbitraje y empresas usuarias.

Panel de árbitros de carácter abierto

en el que figuran profesionales del máximo prestigio del ámbito jurídico económico y judicial, todos ellos con experiencia en arbitraje nacional e internacional.

Procedimiento de vanguardia en la designación de árbitros

respecto de las otras Cortes arbitrales nacionales, estableciendo, ante la falta de acuerdo de las partes para nombramiento de los árbitros, la aportación a las partes de una lista de árbitros según la materia objeto de la controversia, sobre la que las partes formularán tachas de aquellos nombres que objetan y expresarán su preferencia respecto de los restantes, siendo automáticamente designados aquellos árbitros preferidos por las partes; dicho sistema aporta las mayores garantías en la designación de los árbitros así como la máxima transparencia en su designación.

Uso preferente de la comunicación electrónica

evitando gastos de desplazamiento, alojamiento, mensajeros, procuradores, impresión.

Instalaciones dotadas de sistemas de grabación de audio y video

para las correspondientes audiencias así como posibilidad de celebrar sesiones por videoconferencia con el consiguiente ahorro de gastos de desplazamiento y estancia.

Flexibilidad en el desarrollo de las audiencias

a la par que árbitros con experiencia que permiten una mayor sencillez en el desarrollo de las mismas primando el acuerdo de las partes sobre el desarrollo del procedimiento y facilitando con ello la gestión de los procesos arbitrales por la propia asesoría jurídica de la empresa, con el ahorro de costes que conllevaría su externalizacion a un despacho nacional, o, en caso de arbitraje institucional extranjero, CCI, LCIA, contratación de un despacho nacional así como de otra firma en la sede del arbitraje, con el consiguiente crecimiento exponencial de costes jurídicos.

Control previo del laudo

por la propia Corte: Evita que el laudo olvide recoger aspectos importantes como intereses, costas, etc.

Impulso de los arbitrajes

desde la Secretaría General logrando en los arbitrajes de dificultad media una duración aproximada de cinco meses.

Promoción del mutuo acuerdo en la designación del árbitro

a través de una reducción de los honorarios del árbitro, con el consiguiente ahorro de costes para las empresas participantes en el arbitraje.

Procedimiento abreviado

(cuantía inferior a 300.000 €) y procedimiento rápido para los arbitrajes de mayor simplicidad o urgencia (cuestiones interpretativas).

Ponderación de los derechos de administración

en función de la inclusión habitual de la cláusula arbitral en la práctica mercantil de la entidad.

Atribución a la Corte de la resolución

de los incidentes de recusación de los árbitros despejando las dudas generadas ante la situación de que fueran los propios árbitros los llamados a decidir sobre el cuestionamiento de su independencia o imparcialidad.

Acumulación e intervención de terceros

originariamente no demandantes ni demandados.

Lista de peritos de la Corte.

Criterio progresivo en la imposición de las costas.

La obligación de confidencialidad también se extiende a los laudos parciales

Árbitro de urgencia

Segunda instancia arbitral